Desde que comenzó la administración del Presidente Mujica se hizo fuerte énfasis en la necesidad de desarrollar un Plan de Emergencia Habitacional capaz de responder a una seria crisis de acceso a la vivienda para importantes sectores de nuestra población.

No dudamos que se trata de una prioridad indiscutible. Una evaluación seria y honesta permite concluir que en Uruguay hace casi una década que no existe una política de acceso a la vivienda en sentido estricto. Entre el 2000 y 2005, durante el último gobierno colorado, el Banco Hipotecario se desplomó y las acciones desplegadas por el Ministerio de Vivienda fueron muy acotadas debido a la descomunal crisis financiera que afectó al país desde fines de 2001. El programa de regularización de asentamientos irregulares fue un estrepitoso fracaso y los asentamientos irregulares se multiplicaron en todo el país, concentrándose fundamentalmente en la zona metropolitana.

Sorprendentemente, durante la pasada administración del Frente Amplio, a pesar de la bonanza económica, no se desarrollaron esfuerzos sistemáticos que permitieran hablar de la existencia de una política de vivienda. Es ciertamente una de las “asignaturas pendientes” de la administración Vázquez.

La reestructura del BHU y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda insumió a la conducción gubernamental casi todo el período de gobierno, sin que se hayan diseñado o impulsado planes o acciones concretas de respuesta a la dificultad de acceso a la vivienda. Entretanto, los asentamientos irregulares continuaron reproduciéndose agravando la situación preexistente.

Por lo tanto, estaba en “la tapa del libro” que una nueva administración debía tomar este tema en profundidad y convertirlo en una de las prioridades políticas del período. Es por ello que el anuncio realizado nos pareció muy pertinente y oportuno.

Sin embargo, han transcurrido ya casi cinco meses desde que el nuevo gobierno asumió y la información que ha trascendido sobre las características de esta propuesta ha sido difusa, confusa y contradictoria.

Se ha dicho que este programa se llamará JUNTOS y que responderá a un enfoque integrado que buscará articular diversas políticas, en la medida que no se tratará solo de una resolución del acceso a la vivienda, sino de la construcción de una red de apoyo social que busca la integración social en un sentido amplio y abarcativo.

Por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo con este planteo general; sin embargo por más que sea muy compartible, no deja de ser un conjunto de afirmaciones muy generales que están lejísimos de considerarse una política concreta.

Para completar la sensación de incertidumbre se ha informado en estos días que la Ley de Presupuesto no incluirá partidas para implementar el Plan de Emergencia Habitacional porque este se financiará con colaboraciones y donaciones de empresas y particulares. Si esta fuera realmente la idea sobre las fuentes de financiamiento del plan, este será a todas luces impracticable y estará destinado al fracaso o, como mucho se aspirará a dar una respuesta débil y acotada a un pequeño grupo de familias con un mero valor testimonial.

Nadie duda que un proceso de integración social implica un enfoque multisectorial que no alcanza solo con resolver el acceso a la vivienda; pero no menos cierto es que la respuesta habitacional es imprescindible y que requiere de una disposición de recursos muy significativa para lograr un impacto relevante que revierta el enorme deterioro ambiental y habitacional en el que hoy vive casi el 10% de la población. La recuperación de la integración requiere ineludiblemente de una plataforma física adecuada en la que los grupos familiares puedan sentirse cobijados y amparados; la disposición de una vivienda adecuada es un “piso mínimo” ineludible.

Sería tremendo para nuestro país que transcurrieran otros cinco años sin poder revertir la enorme crisis habitacional existente. Entretanto seguirán multiplicándose los asentamientos irregulares con su pesada carga de exclusión social.