Por Javier Lasida

El MPP, de acuerdo a información de prensa, definió entre sus prioridades legislativas para este año la creación de la Universidad de la Educación.  Es extraño. La principal bancada del partido de gobierno prioriza la formación docente, pero el problema es que la formación docente no puede mejorar sino es en el contexto de un proceso de cambio educativo general. Entre los principales componentes de los cambios urgentes que necesita la educación, están las redefiniciones en el rol de los docentes. Ellas deberían darse antes, o cuando menos simultáneamente, a la transformación en la formación docente. En este caso no da lo mismo el orden de los factores.. Aquí lo primero es definir qué cambios educativos se quieren hacer, lo segundo es el rol de los docentes y recién lo tercero es reformar la formación docente y, en ese marco, eventualmente crear la Universidad de la Educación. Salvo las autoridades de la educación y algunos incondicionales, nadie ve cuál es el proyecto educativo. Sino pueden mostrar, entusiasmar, incluso debatir un proyecto para cambiar la situación general de estancamiento y deterioro educativo, no es razonable enzarzarse en la discusión de la Universidad de la Educación. Tal vez lo acotado de la prioridad deba interpretarse como el reconocimiento implícito del fracaso general en la política educativa.

Es el mismo error de las organizaciones sindicales, para las cuales primero hay que mejorar los recursos y después ver que se hace con ellos. Está muy bien que reclamen salarios, pero dada la situación educativa es un error no vincularlos a mejoras concretas, verificables en la educación. Suponer que se esté pensando que la mejor retribución es la principal o la única condición para la mejora de los desempeños docentes, sería un agravio a quienes están reclamando las mejoras, porque todos tenemos la obligación moral de hacer bien los trabajos que asumimos, aunque a la vez reclamemos mejores remuneraciones. Me consta que muchos docentes entienden que hacerlo bien y comprometidamente es justamente lo que fundamenta el incremento. El problema es que las autoridades de la educación no tuvieron la capacidad de aprovechar los aumentos del período de bonanza,  muy importantes (aunque también insuficientes), como recurso para impulsar reformas en la educación. La situación de aumentos salariales es de las mejores, de las más facilitadoras para emprender cambios en cualquier organización.  Reconozcamos entonces que el tema ahora no es el 6% para hacer no sabe qué en educación, sino el aumento para los docentes.

Son dos errores importantes dado lo crítico de la situación educativa, auspiciados por el vacío en la conducción, respecto a la cual, por supuesto las responsabilidades son bien diferentes. El MPP además de equivocarse es corresponsable por la ausencia de gobierno educativo. Igual importa agregar una nota histórica a las críticas reiteradas y a esta altura resignadas a la Ministra y al CODICEN.

Debemos reconocer que los problemas no se iniciaron ahora, ni en el gobierno de Mujica.  El gobierno anterior contribuyó a evidenciarlos y generó grandes acuerdos sobre las estrategias para enfrentarlos, en  dos instancias de diálogo interpartidario, la del 2010 y la del 2012.  Aunque  luego no dio un solo paso en ese sentido. Pero los problemas ya habían empezado antes y tuvieron un hito principal en la Ley General de Educación, aprobada en la primera presidencia de Vázquez,  que ya está en su noveno año de vigencia. Esa Ley cristalizó una estructura de gobierno educativo que se destaca en el mundo por su originalidad y su ineficacia. Y la agravó agregándole organismos con roles ambiguos, representaciones corporativas y separaciones sectarias entre educación pública y privada.  Lo hizo en base a los resultados de un triste Congreso; no es casual que la principal innovación de la Ley, la creación el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no haya sido una de las recomendaciones del Congreso. Y tampoco parece a esta altura casual, que no se haya realizado el más mínimo avance en los tres períodos de gobierno desde aquel momento, para implementar la principal transformación de la Ley, que fue la eliminación de Secundaria, creándose (en el papel) un Consejo de Educación Media Básica y otro de Educación Media Superior.

En fin, la Universidad de la Educación y el fetiche del 6% no son lo primero y no tienen sentido sin un proyecto de cambio que enfrente razonablemente los graves problemas de la educación.  Los acuerdos del 2010 y del 2012 son por lo menos un buen punto por donde comenzar.  El problema grave es que en estos tres períodos no se ha mostrado voluntad de cambio, se han cristalizado las incapacidades de gobierno vía la Ley y la educación se ha convertido en un problema, tal vez el más grave del país, no en un recurso, un instrumento y menos aún un proyecto o un sueño colectivo.