Por Hebert Gatto

Los hechos han sido vastamente difundidos, una joven fue asesinada por su marido frente a sus dos hijos, quien, ejecutado el hecho los dejó con sus padres, para entregarse luego a las autoridades. Los niños de siete y diez años, fueron provisoriamente entregados a sus abuelos paternos por la magistrada actuante, quien más tarde, desconociendo el pedido de su custodia por la abuela materna, ratificó su decisión. El hecho, y sus derivaciones judiciales, han causado, al obtener notoriedad, una inquietud social que merece reflexión, especialmente por el trato que el mismo mereció en algunos medios de comunicación, que más que informar sobre lo sucedido han instaurado un proceso paralelo con resultado predeterminado: la extensión parcial a sus padres de la probada culpabilidad del homicida. 

No cabe duda que en la sociedad uruguaya el aumento de los delitos contra las mujeres por su condición de tales ha aumentado  causando real alarma y sacudiendo los fundamentos últimos de nuestro perfil como nación. En esta medida resulta comprensible que los medios otorguen notoriedad y relevancia a este tipo de delito informando sobre ellos. Un deber que se encuentra íntimamente relacionado con la libertad de expresión y de recepción de las ideas y tiene como cometido, entre otras funciones, agudizar la conciencia moral de la población sobre la violencia de género, siempre claro está, ejerciendo esa prerrogativa en el marco de los derechos y garantías señalados por la constitución y la ley.

Sin embargo no parece ser eso lo que sucede en este caso concreto. La campaña contra la sentencia buena o mala, justa o injusta de la magistrada de Familia Especializada No. 8, ha generando un ruidoso “juicio paralelo”, que parece procurar que los ciudadanos funcionemos como jueces, fiscales o verdugos. Un hecho que ya obligó a la justicia a fallar bajo presión. Así, en la pantalla chica se ha presentado en directa sucesión a la frustrada abuela materna y a la fiscal interviniente, a la agrupación de “Mujeres de Negro”, al coto carnavalesco Mi Morena y a la abogada de la mencionada abuela, todos ellos recusando iracundos la resolución judicial, sin que nadie, paralelamente, explicara sus fundamentos (excepto refiriendo a que la decisión, de más de setenta páginas, se basa en la voluntad de los menores). Menos aún valiéndose de los recaudos o los tonos que hubieran atenuado el impacto emocional causado por estos declarantes o alguna voz jurídica que explicara las ritualidades y garantías de la actuación judicial. O que se interrogara respecto a los efectos de esta campaña pública sobre los dos niños implicados. Se consiguió así así lo aparentemente buscado: un clima social de rechazo a la resolución judicial sobre la cual los televidentes sólo podrán pronunciarse negativamente. En un clima, que obviamente, ejerce  presión, real o probable, sobre los jueces que tendrán que expedirse sobre la apelación.    

No se trata obviamente, de pretender limitar la libertad de expresión de los medios, sólo de señalar el peligro de la confusión entre informar y crear opinión, y reiterar lo francamente obvio: los medios no deben tomar el lugar del juez, editorializar sin aclararlo o presentar testimonios fuera del contexto del juicio, sin las necesarias prevenciones y equilibrios. Tampoco, por lo tanto, tienen la potestad de deformar la libertad de juicio de los ciudadanos, que deben decidir por sí mismo y sin inadvertidas presiones mediáticas, lo que es justo o correcto.