Por Hebert Gatto

En ocasión del reciente Consejo de Ministros, el Presidente de la República, seguramente preocupado por su persistente baja de popularidad y haciendo uso de un nuevo estilo abierto comunicacional, conversador e irónico, opuesto a su anterior actitud reservada (en ambos casos aburrida), contestó a las expresiones del presidente de la Suprema Corte quién, seguramente impactado por las alrededor de doce mil quinientas personas encarceladas por estas fechas, se declaró inquieto por la cantidad de delitos cometidos en la capital uruguaya. Según el presidente, de acuerdo a una encuesta de Equipos Consultores de fines de febrero, en lo que va del año las rapiñas habrían descendido en el país en un 8.8%, mientras los homicidios acusan una caída que supera el 8%. A la vez insistió que el Uruguay es uno de los países más seguros del continente, aunque, como se sabe y también debe decirse, no admite comparación con los países desarrollados.

Pese a estos datos creo que no corresponde colegir que las declaraciones del Dr. Jorge Chediak faltaran a la verdad, tal como Vázquez sugiere, entiendo que el primero se refirió al largo plazo y, como dije, a los crecientes y preocupantes índices de encarcelamiento y el segundo al concreto resultado de dicha encuesta. Aún así debe considerarse como un hecho positivo dicha baja en el número de delitos, que de mantenerse, estaría demostrando el éxito de los nuevos métodos de vigilancia que aplica el Ministerio del Interior.

Es cierto, por otra parte, que una cosa es la percepción subjetiva del peligro de la delincuencia, especialmente respecto a la violencia callejera que soporta una población, que en el caso uruguayo la coloca como su principal inquietud, y otra la inseguridad “objetiva” según la miden los sondeos. Como es obvio, no es sencillo superar una percepción social mantenida por años y que se suele edificar contrastando un mítico pasado, cuando la capital y las restantes ciudades del país ofrecían altos índices de seguridad, con la caída puntual en algunos puntos de los delitos. Que si bien resulta un elemento de medición importante y que parece marcar una tendencia, tarda en integrarse al sentir colectivo. Por ello tampoco resulta adecuado contraponer lo manifestado por el Presidente, que refiere a un dato cierto y objetivo, con el imaginario nacional sobre el tema, tal como lo efectuó el senador Larrañaga.

De todos modos y en lo sustancial, el hecho de haber logrado una racionalización de la actuación policial, tanto en el número de sus integrantes como en su actuación, dotándola de los elementos técnicos que requiere, resulta un avance en el camino correcto. Ello no significa olvidar que lo logrado se reduce al plano represivo, el del combate coactivo al delito emprendido por el Estado. Resta la otra tarea, la más difícil y de largo alcance: lograr que la población adquiera diferentes pautas de convivencia elevando la cultura ciudadana. Un difícil desafío para muchos que el Uruguay debe emprender inmediatamente y que tiene que ver con la profunda mejoría de su educación y correlativamente con medidas de fondo contra la fragmentación social presente en sus ciudades, especialmente Montevideo, parcelada por guetos socialmente incomunicados. Como si de dos civilizaciones se tratase, una al sur relativamente más segura y transitable, otra al norte, encrespada y segregada, con índices delictivos centroamericanos.