Por Javier Lasida

Hay una extendida impresión que en educación estamos mal y, lo que es más grave, sin rumbo. Parecería que a falta de buenas ideas, sirve una media idea, como es realizar el Congreso Nacional de Educación.  No es que no haya ideas disponibles. Hay una cuantas incluso muchas de ellas con alto grado de apoyo. Como por ejemplo los objetivos y las metas acordados en las comisiones interpartidarias de 2010 y 2013, casi todos las cuales están sin cumplirse. El problema es la falta de ideas que sean implementables por parte de las autoridades educativas. De hecho, las escasas iniciativas de cambio educativo de este período de gobierno, como el marco curricular o el mantenimiento de los docentes por más de dos años en un mismo centro, se van dilatando en su implementación indefinidamente.  No debe asignársele la responsabilidad sólo o principalmente a los sindicatos por esos y otros bloqueos. La primera responsabilidad es de quienes asumen el gobierno, que para implementar las medidas deben dialogar y negociar con los sindicatos.  En este sentido el Frente Amplio ha enarbolado sus fuertes vinculaciones con los sindicatos como una ventaja a la hora de gobernar.  Ocurre que los sindicatos vienen reclamando ser ellos quienes dirijan la educación, con lo cual algunas autoridades educativas frentistas parecería que ingresan en las negociaciones ya con cierta culpa sólo por ocupar ese rol.

En este contexto no se entiende por qué no se convocó al Congreso Nacional de Educación en el primer año de gobierno, como establece la Ley de Educación (votada por el Frente Amplio en el 2008) y sí se lo convoca ahora, a mitad del período de gobierno. Es extraño. La Ministra Muñoz está agitando en los Comités de Base frentistas la participación en el Congreso, pero como un fin en sí mismo, no para llevar adelante determinadas propuestas.  Como decía al principio, la sola idea es hacer el Congreso.

La participación en educación es muy importante, decisiva; pero la política educativa no debe reducirse a la participación. La Ley de Educación del 2008 fue en general muy conservadora (mantuvo lo principal de la estructura institucional, en todo caso recargándola de órganos de coordinación y consultivos). Se preocupó sí de institucionalizar algunos mecanismos de participación. La lectura, equivocada, era que con participación se arreglaban los problemas de la educación; era la visión arrastrada desde la satanización que se hizo de la denominada reforma Rama, que más allá de las evaluaciones (las evaluaciones de lo que se hizo son buenas), se condenó por falta de participación.  El problema es que la participación es condición necesaria, pero está muy lejos de ser suficiente para mejorar la educación. Y a ello se agrega que el Congreso es una mala herramienta de participación. La Ley creó otras como los Consejos de Participación en cada centro estatal, o mantuvo las Asambleas Técnico Docentes, que aparecen mucho más idóneas aunque hoy también funcionan mal, a los tropezones. La virtud de los Consejos es que se organizan a nivel local, en cada centro, donde los estudiantes, los docentes, las familias, pueden proponer, exigir, evaluar, a partir de su experiencia personal, cotidiana. Las Asambleas Técnico Docentes también tienen un papel previsto a escala de centro, que no se reduce a la elección de delegados para los ámbitos centrales   En contraste, el Congreso es un instrumento de participación que se concentra en los ámbitos centralizados,  no estimula la participación amplia sino la de los militantes y que promueve una discusión sobreideologizada de los temas.  Como muestran las experiencias anteriores los Congresos priorizan la centralización, porque más allá de las variopintas reuniones locales, lo que importa es lo que se defina en la instancia final y central. Tal como se han organizado,  sus protagonistas han sido militantes de sindicatos, de partidos políticos (de los sectores más radicalizados) o de otras organizaciones. Y las definiciones se tienden a reducir a consignas ideológicas. Por ejemplo, vale recordar,  una de las resoluciones del primer Congreso fue estatizar toda la educación, eliminando todas las otras instituciones de enseñanza.  Una propuesta no sólo alejada sino opuesta a las opiniones mayoritarias, además de inviable. 

En fin, dadas estas características del Congreso parece lógico que la Ministra lo promueva en los Comités partidarios, pero confirma que a falta de ideas, ésta no es una buena idea.