Por Hebert Gatto

 

La actual situación de la coalición de gobierno, dividida entre dos corrientes ideológicas antagónicas, introduce un factor de preocupante inestabilidad en la política uruguaya. Fundamentalmente porque debilita la posición del Presidente de la República, un hombre sin mucha presencia política, obligado a mediar entre ambas y rodeado de un gabinete sin demasiado arraigo entre los frentistas. No se trata de un problema novedoso, constituye una variable presente desde los comienzos del Frente como coalición que en sus principios mostraba una clara demarcación: a un lado los mayoritarios sectores marxistas revolucionarios que lo comandaban, al otro los grupos ajenos a esa orientación ideológica. Si en ese período la sangre no llegó al río, pese al alejamiento de grupos como el del Senador Batalla o la Democracia Cristiana, ello ocurrió por diversos factores: la inesperada implosión del mundo comunista que enfrió la temperatura ideológica del planeta aplacando las ideologías más radicales junto a la emergencia de factores locales como la lucha contra la dictadura y la posterior revaloración de la democracia que contribuyeron a disimular diferencias al interior de la izquierda. Sólo que actualmente el enfrentamiento se ha ido acentuando, por la pérdida para el gobierno de su mayoría parlamentaria unida al declive de los populismos que le daban sustento, que exacerba a los radicales locales.

Los frenéticos esfuerzos del presidente de la coalición, otra figura sin poder político real, pero ajeno a su división en sectores, son una clara evidencia de esta coyuntura como lo exhiben sus esfuerzos para  resolverla con patéticos llamados a la responsabilidad de sus dirigentes, sin comprender que cuando se enfrentan distintas concepciones del mundo socio político, el problema no es de orden ético o individual sino que obedece a razones ideológicas imposibles de soslayar. Motivaciones que inevitablemente se manifiestan en la mayoría de sus medidas concretas, particularmente las que revisten trascendencia política.

Vayan dos muestras de estas oscilaciones, evidencias de una nave que ha dañado el timón pero que además y lamentablemente, carece de timonel. La primera refiere a la posición uruguaya respecto a Venezuela. Días pasados se emitió por parte de la cancillería, junto a catorce naciones del continente, una declaración que denunciaba que en Venezuela se desconocían los derechos humanos, crecían los presos políticos y el parlamento era ignorado por los restantes poderes, algo ultra evidente, que, vista la inutilidad del diálogo, requiere una corrección inmediata: la consulta popular. Esta posición, como era esperable, originó la crítica inmediata del sector frentista radical (P.S.;M.P.P,P.C.U; P.S, junto a grupos menores) así como la iracunda respuesta del PIT-CNT, partidos y grupo cuya concepción de la democracia resulta bastante anterior a Montesquieu. Desestabilizado por la reacción, el gobierno se apresuró a manifestar que en la O.E.A., faltaba más, no apoyaría la aplicación de la carta democrática a Venezuela. Una incongruencia sólo explicable por su duplicidad e inconsecuencia. Lo mismo ocurrió con el reciente decreto sobre piquetes y cortes de rutas y calles. Se aceptó dictarlo para permitir el debido y elemental ejercicio de los derechos ciudadanos sobre los bienes públicos, pero, simultáneamente, se excluyó a los sindicatos de su aplicación. El mejor ejemplo de un gobierno cuya esquizofrenia e inconsistencia jurídica no reconoce límites.