Por Pablo Mieres

La bancada del Frente Amplio presentó hace pocos días un proyecto de ley proponiendo la derogación del delito de abuso de funciones. Pretende, además, acelerar su tratamiento legislativo, por lo que fue incluido en los primeros lugares de la agenda de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Estamos viviendo tiempos de desconfianza y distanciamiento de los ciudadanos con respecto a la política y a los dirigentes políticos; en el mundo campean los casos de corrupción que deterioran el vigor democrático en los más diversos países. Estamos en una época de crisis de la política y ello tiene sustancialmente que ver con la oscura relación entre el dinero, el poder económico y el poder político, los gobernantes y los partidos.

En Brasil no queda títere con cabeza, las denuncias abarcan a decenas de políticos de prácticamente todos los partidos. En Venezuela nadie duda de que todo el entorno del gobierno chavista está involucrado directamente en numerosas causas de corrupción de todo tipo. En Argentina la ex presidenta, Cristina Fernández, acumula procesamientos por diferentes casos de corrupción y hacen cola los empresarios y ex gobernantes de su grupo en los Juzgados y en las cárceles. En Colombia su presidente está involucrado en el escándalo de Odebrecht. En España están imputados gobernantes y ex gobernantes de diversos partidos por gestiones corruptas en diferentes niveles. En Chile los escándalos han adquirido proporciones vergonzosas abarcando a diferentes dirigentes políticos de distintos partidos, incluido el hijo de la presidenta Bachelet. En Francia las denuncias han salpicado al menos a uno de los candidatos presidenciales, entre otras situaciones de corrupción.

En fin, toda una colección que pone de manifiesto una profunda crisis de la democracia y de sus principales actores, los partidos políticos, en nuestra vida contemporánea.

Mientras tanto, en nuestro país, la Justicia tiene en sus manos varias causas de las que pueden derivar responsabilidades penales de jerarcas públicos por eventuales delitos contra la Administración. Además, en estos días se presentarán nuevas denuncias que pueden involucrar a más actores políticos o de gobierno.

Pues bien, en ese contexto, tan receloso y suspicaz sobre el accionar de los políticos, en donde lo aconsejable es proponer normativas más exigentes, transparentes y severas con respecto al control de la gestión pública, al partido de gobierno no se le ocurre mejor cosa que presentar un proyecto para derogar uno de los delitos previstos en el capítulo de los delitos contra la Administración del actual Código Penal.

Hay que estar muy mareados de poder, muy ajenos de la realidad o muy nerviosos para promover una iniciativa de este tipo en estas circunstancias.

Es cierto que este tipo delictivo es polémico y que son varios los especialistas que lo cuestionan señalando que se trata de una tipificación indefinida, poco precisa, que incluso para algunos afecta el principio de legalidad que rige el Derecho Penal.

Pero no menos cierto es que este delito está vigente desde 1934, cuando se aprobó el actual Código Penal, y en base a su texto se ha aplicado en diferentes oportunidades.

Por otra parte, es muy mala cosa eliminar este delito fuera del contexto de una reforma integral del Código Penal. Es muy malo toquetear el Código porque se trata de un sistema normativo que requiere de una evaluación general de equilibrios y definiciones que permitan mantener una lógica sistemática en las soluciones penales que tipifican qué conductas ilícitas deben poseer trascendencia de sanción penal.

Pero mucho peor es hacerlo con el resultado de eliminar normas que están vigentes para controlar y, eventualmente, castigar a los que resuelven su derogación.

¿Alguien tiene dudas de que esta iniciativa, en caso de prosperar, va a alimentar la desconfianza de la gente en el sistema político? ¿Alguien cree que los ciudadanos van a acompañar una propuesta que será vista como un intento de otorgar impunidad a jerarcas de gobierno?

El debate ya está contaminado, antes de empezar. La propuesta va en el sentido contrario a las señales que en estos tiempos, especialmente, debemos enviar los que somos dirigentes políticos.

En todo caso, el Presidente de la JUTEP, el Dr. Ricardo Gil Iribarne, que asumió recientemente el cargo a propuesta del partido de gobierno, ya manifestó su opinión contraria a esa iniciativa.

Lo que hay que hacer es otra cosa bien distinta. Hay que aumentar los mecanismos de control sobre la gestión pública. Hay que hacer más rigurosa la normativa que rige a quienes tienen en sus manos el manejo de los fondos públicos.

Hay que votar normas que otorguen mayores potestades a la JUTEP para investigar la evolución del patrimonio de los gobernantes; hay que aumentar las competencias del Tribunal de Cuentas para controlar la gestión de los jerarcas de las diferentes reparticiones del Estado; hay que aprobar la incorporación de nuevos delitos a nuestro Derecho Positivo como el delito de enriquecimiento ilícito que castiga el incremento patrimonial injustificado de los gobernantes.

Hay que aprobar un paquete de normas que controlen el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales y en la vida cotidiana.

Para todas estas cosas estamos dispuestos y, es más, hemos impulsado iniciativas legislativas propias.

Lo que no se puede hacer es derogar, lisa y llanamente, uno de los delitos previstos en el Código actual para castigar a los jerarcas que se portan mal.

No cuenten con nosotros para eso.