Por Pablo Mieres

 

Hace unos días interpelamos a las autoridades educativas con el objetivo de demostrar la grave situación que atraviesa nuestro país en esta materia. La evidencia que suministramos fue contundente y las respuestas de las autoridades no desmintieron los datos que presentamos.

Un análisis en profundidad de los diferentes indicadores y dimensiones de nuestro sistema educativo muestra, en síntesis, que Uruguay está sufriendo un profundo fracaso que afecta el futuro de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

Analizamos en profundidad la situación de la educación en materia de matrícula, cobertura, trayectoria, aprendizajes, egreso y equidad. En todas estas dimensiones se registran situaciones de estancamiento, deterioro o apenas lentos avances.

En síntesis, nuestra situación es comparable a la de una carrera de autos en la que nuestro país avanza a una velocidad muy lenta o a tropezones, mientras que los demás países de la región avanzan a mucha mayor velocidad por lo que nos van superando en el transcurrir de los años.

Lo que nos ocurre en materia educativa es una auténtica tragedia.

Y este estado de fracaso no es resultado de una situación económica nacional, todo lo contrario, hemos tenido un crecimiento económico excepcional en esta última década. Tampoco se debe a la inversión educativa. En estos años Uruguay ha invertido muchísimo más que antes en la educación, se multiplicó por tres la inversión en dólares y más que se duplicó el gasto por alumno.

Sin embargo, a pesar de la falta de resultados, el equipo de conducción de la educación es básicamente el mismo desde que el Frente Amplio asumió el gobierno. Es más, a los que quisieron imprimir una lógica de cambio los echaron o renunciaron porque no podían impulsar los cambios requeridos.

Por lo tanto, la conclusión es muy clara; si no hay un cambio en el elenco de autoridades que dirigen la educación no habrá cambios educativos y este período de gobierno terminará en un nuevo fracaso educativo.

Las autoridades educativas no sólo no desmintieron las evidencias que suministramos en el marco de la interpelación, sino que a pesar de hablar durante cuatro horas enteras sobre lo que se les ocurrió, no respondieron a más de la mitad de las preguntas que formulamos. Patético.

Las autoridades educativas no respondieron cuántas horas no se dictan en la educación media de nuestro país. Aunque parezca mentira, hace unos años un estudio de ANEP demostraba que cincuenta mil de las trescientas mil horas de clase no se dictaban por ausentismo docente o falta de docentes asignados. Queríamos saber si esa vergonzosa situación había mejorado, debemos sospechar que no ha sido así.

Las autoridades educativas no respondieron si pensaban modificar el sistema de elección de horas en enseñanza media. Es muy notorio que el sistema actual agrava la inequidad y determina que los docentes más calificados dicten clase en los liceos de los barrios de NSE más alto y que los docentes con menor experiencia y puntaje dicten clase en los liceos de los barrios más carenciados, potenciando la desigualdad de aprendizajes.

Las autoridades educativas no respondieron cuántos estudiantes de educación técnica no han podido acceder a los cursos en UTU. La información periodística dice que en 2016 al momento de comenzar los cursos había ocho mil estudiantes sin cupo y que en total hubo dos mil que no pudieron cursar. Se dijo que este año había pasado algo parecido y que nuevamente había dos mil estudiantes sin cupo.

Las autoridades educativas no respondieron en qué fecha piensan alcanzar la universalidad de egreso de la enseñanza media básica y de la enseñanza media superior. Si continúa el ritmo actual, esos objetivos recién se alcanzarían en 2050 y 2090 respectivamente.

Las autoridades educativas no respondieron qué porcentaje de los treinta mil nuevos cargos incorporados a la ANEP en estos doce años, se dedican a la docencia directa a nivel de los centros educativos y cuántos se aplican a funciones intermedias de tipo burocrático.

Las autoridades educativas no explicaron por qué desmontaron el programa ProMejora que había sido acordado en el marco de un entendimiento multipartidario y que promovía las condiciones para desarrollar la autonomía de los centros educativos. La autonomía de los centros educativos es un requisito imprescindible para reducir la deserción y la repetición y mejorar los aprendizajes y los resultados educativos.

Tampoco respondieron por qué violaron la ley y no enviaron los datos al BPS sobre los estudiantes que dejaron de asistir a los establecimientos educativos, evitando de este modo que se dejara de cobrar la asignación familiar y promoviendo indirectamente la deserción estudiantil.

La ausencia de respuestas es un claro indicador de que en todos estos asuntos las cosas están igual o peor. Pero además demuestran una evidente falta de respeto a la ciudadanía a la que deben rendir cuentas a través de sus representantes que somos los legisladores.

Pero qué se puede esperar de una Ministra de Educación que no respeta al Poder Legislativo ni a los legisladores y encima desprecia a los maestros.

Tarde o temprano llegará el cambio en la educación de nuestro país y la historia registrará esta época oscura de nuestra educación, marcando la responsabilidad de quienes no han estado a la altura de sus tareas.