Por Pablo Mieres

El anuncio de la Subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, señalando que se planteará en el Gabinete Social la eliminación de la obligación de asistencia escolar a los niños y adolescentes de los hogares que reciben el beneficio de la Asignación Familiar, no es un tema puntual ni de segundo orden.

Lo que está detrás de este anuncio, que ha sido reiterado muchas veces por la Ministra Marina Arismendi, es una concepción de fondo sobre la naturaleza de las políticas sociales y expresa lo que estas jerarcas públicas interpretan que debe ser el apoyo del Estado a los más débiles.

En efecto, detrás de esta intención, prospere o no, está anidada una concepción de puro cuño asistencialista, que sostiene que el apoyo a los sectores vulnerables y más débiles de nuestra sociedad debe ofrecerse sin ningún tipo de contraprestación o condicionalidad. Es totalmente contradictoria con la concepción que históricamente se ha sostenido desde el pensamiento de izquierda.

Justamente, en los viejos tiempos la izquierda fuera del gobierno fustigaba, con toda razón, a los gobiernos de los partidos tradicionales por sus prácticas asistencialistas, entregando “cortes de rancho” por parte de las Intendencias, o alimentos y bloques para las familias pobres que vivían en los que en aquellas épocas se denominaban irónicamente “cantegriles”.

Se decía, con razón, que de este modo no se ayudaba a esas familias a salir adelante, sino que se profundizaba su dependencia del Estado y se acusaba, también con razón, que estas prácticas eran de naturaleza clientelísitica. Con el objetivo de atar el voto de los beneficiarios.

Se decía, con fuerza y firmeza, que esta forma de atender a los débiles era contraria a la valorización de la dignidad ciudadana y que se buscaba mantener a esos sectores de la sociedad en situación de dependencia para que sigan apoyando a los que les daban gratuitamente bienes o servicios. Todo esto se sintetizaba en la frase: “no hay que dar el pescado sino que hay que enseñar a pescar”.

Pues bien, en la concepción de los conductores de las políticas sociales del gobierno del Frente Amplio predomina esta concepción asistencialista que, no tenemos duda, tiene un objetivo clientelístico.

Pero, además, en este caso concreto la contraprestación que se elimina es justamente la obligación de los padres de cumplir con lo que manda la Constitución que es asegurar el envío de sus hijos a la escuela. Es gravísimo el mensaje que se envía desde las autoridades públicas.

La educación es, o debe ser, el camino legítimo del ascenso social. Eliminar esta condicionalidad es mandar el mensaje de que la educación no es tan importante, es más se podría decir que se promueve la deserción. La escuela y el liceo es el camino para salir adelante y no exigir que se cumpla con esa obligación es una gravísima omisión de la función que deben cumplir las autoridades públicas.

Por otra parte, la asistencia escolar implica la incorporación de normas y valores, la adquisición de hábitos y rutinas, el aprendizaje y la adquisición de conocimientos para salir adelante y hasta el poder tener garantizada la alimentación a través del acceso al comedor escolar.

La exigencia de que los beneficiarios de las Asignaciones Familiares envíen a sus hijos al sistema educativo no está planteada como un castigo, está formulada como un incentivo fuerte para asegurar que los hijos menores se eduquen y controlen su estado de salud. Incumplir esta obligación lleva a la suspensión del pago de esta prestación mientras no vuelvan a mandar a sus hijos a la escuela.

Es más, la tarea de las autoridades es suspender el pago de las Asignaciones e inmediatamente trabajar con los que incumplen para que vuelvan a enviar a sus hijos al sistema educativo. Esta es la tarea del MIDES y de ANEP, trabajar con los omisos para lograr el objetivo.

Esto es sin perjuicio de nuestra convicción de que las Asignaciones Familiares deberían aumentar en su monto para que efectivamente cumplan con su función de apoyo a la mantención y educación de sus hijos a cargo.

Sin embargo, la cosa es mucho más grave, porque las autoridades del CODICEN de la ANEP han violado la ley al omitir el envío del listado de las familias que no mandan sus hijos al sistema educativo al BPS, impidiendo de ese modo, de manera ilegal, que se cumpla con la ley.

Hemos preguntado por los motivos de esta omisión a la ANEP el día que interpelamos a las autoridades educativas y no recibimos respuesta.

Catastrófico. El propio CODICEN promueve acciones contrarias a la promoción de la asistencia a la educación. Dejo fuera a las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria que han salido al cruce de esta barbaridad con firmeza reivindicando la mantención de la condicionalidad. Vale destacarlo.

Lo peor es que este caso es el reflejo de la concepción social que tienen las autoridades del MIDES, para las que los sectores vulnerables y más débiles deben ser objeto de ayuda sin exigir nada a cambio. Es perfectamente válido creer que  tras esta concepción, que traiciona los viejos principios de la izquierda histórica, se esconde un objetivo perverso, mantener o profundizar un botín electoral manteniendo a esos hogares en situación de dependencia.

Es un tema de una gravedad política mayor.