Por Javier Lasida

El cambio más importante realizado por el Frente Amplio en las políticas sociales desde el 2005, fue completar el proceso de transformación de las Asignaciones Familiares. El problema ha sido que desde el inicio hasta hoy han abundado las confusiones y los desacuerdos dentro del propio gobierno no sólo sobre la herramienta, sino sobre los propios objetivos a los que debería servir. En estos días nuevamente se pusieron de manifiesto las confusiones y desacuerdos del gobierno, sobre una de las, sino la principal de sus herramientas de política social.

Antes del 2005 se había iniciado tímidamente el cambio, al focalizar las viejas Asignaciones Familiares, eliminando el componente universalista. El Frente Amplio aumentó los montos y a la vez les agregó condicionalidades. De esta manera convirtió una vieja herramienta, asociada al empleo formal, como todas las del estado de bienestar tradicional, en otra herramienta, moderna, focalizada en la pobreza, basada en la combinación de asistencia monetaria e incentivos a mejorar el cuidado, especialmente el de los hijos. En esta nueva herramienta es tan importante la asistencia monetaria, como la condicionalidad o contrapartida, cada una le da sentido a la otra.

Las anteriores AF además estaban asociadas con las contribuciones que antes o simultáneamente hacían los trabajadores, en la forma de descuentos salariales. El objetivo era colaborar con todos aquellos asalariados que tuvieran hijos. Las nuevas AF primero se focalizaron en los asalariados de menores ingresos y luego el FA tuvo el acierto de independendizar la prestación respecto al trabajo formal. De hecho muchos de quienes más las necesitan no tienen un empleo formal.  La vieja estructura sectorializada (en salud, educación, alimentación, etc) del estado de bienestar uruguayo estaba concentrada en el salario (como la mayor parte de las políticas sociales en el siglo XX en el mundo) y no contemplaba una transferencia monetaria a los pobres. Esto fue un gran cambio, que le dio sentido a la creación del Ministerio de Desarrollo Social.

Fue una primera mala decisión dejarle el mismo nombre, AF, a una herramienta que es distinta. La decisión por una parte fue un reflejo conservador, como decir, miren que no es tan grande el cambio, es lo mismo que hicimos siempre con el batllismo.  A la vez, sintonizado con lo anterior, parece haber imperado un efecto inercial, cambiando pero a la vez manteniendo la modalidad anterior, junto con la nueva, ambas entreveradas bajo el mismo nombre.  Cabe anotar que la inercia no se sabe qué objetivo tiene, pero ello no quita que salga cara…

Las ambigüedad en las denominaciones, expresa confusiones en la definición de la política y conflictos mal resueltos en el gobierno y en el Frente Amplio. Una parte del Frente Amplio, desde la campaña electoral del 2004 viene postulando un programa de renta mínima, aunque luego el gobierno implementa uno de transferencias monetarias condicionadas.  Ahora insisten con la idea, pretendiendo justificar la no exigencia de las contrapartidas. El problema es que la renta mínima no es lo mismo que transferencias monetarias, pero sin condicionalidades. Son herramientas distintas, con lógicas distintas.  Los programas de renta básica consisten en entregar el monto necesario para cubrir las necesidades mínimas a todos, universalmente, sin distinción; la misma cantidad para quienes tienen los ingresos más altos (en general para estos vía deducción impositiva) y para quienes están en situación de pobreza (en estos casos complementadas con otros apoyos).  Un problema no menor es que las iniciativas de este tipo en países subdesarrollados son escasas y aparecen como poco viables. Por el contrario en prácticamente todos los países latinoamericanos se están implementando programas focalizados (no universales), de transferencias monetarias, condicionadas a ciertas exigencias que siempre están asociadas al desarrollo y a los derechos especialmente de los niños de las familias beneficiarias, como los controles médicos en el embarazo y los primeros años y luego la asistencia escolar.  Un programa de renta básica universal es otra cosa. Hay experiencias de programas focalizados de transferencias sin condicionalidades, las cercanas, en la región, por ejemplo en Argentina, han sido muy malas, dieron lugar a clientelismos descontrolados y luego se corrigieron, agregándole contraprestaciones. Recién con este agregado han sí mostrado buenos resultados.  Es el proceso al revés del que propone la ministra de Desarrollo Social, que las reduce a una asistencia sin propósito claro.

A esta confusión se agregó un problema de organización o de gobernanza.  Fue la decisión de separar las AF del MIDES, por la propia incapacidad que este organismo demostró para gestionarlas.  El BPS las administra, pero no tiene ni el cometido, ni la capacidad de gobernarlas. Es así que el MIDES se quedó sin su principal herramienta y la herramienta quedó a la bartola, sin quien la dirija, la gobierne.