Por Pablo Mieres

El fundador de Transparencia Internacional, prestigiosa organización que trabaja en el mundo contra la corrupción en la gestión pública en los diferentes países, el alemán Peter Eigen, definía de una manera muy sencilla y clara el fenómeno de la corrupción. Decía: “se trata del uso de bienes públicos para beneficio privado”. Así de simple y sencillo.

Preservar esa línea divisoria y saber sancionar las conductas de aquellos actores políticos o  funcionarios públicos cuando se produce un uso de bienes públicos para beneficio privado es una obligación imprescindible para defender la calidad de la democracia y de la institucionalidad del Estado de Derecho.

Pues bien, el escándalo de las tarjetas de crédito corporativas abre un nuevo capítulo en el que está en juego la defensa de la transparencia de nuestro sistema institucional.

No sabíamos de la existencia de estas tarjetas corporativas que se usan en algunas, no en todas, las empresas públicas de nuestro país. No nos parece un sistema adecuado y estaremos presentando, en estas horas, un proyecto de ley para prohibir su uso por parte de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

De todas maneras, aunque el instrumento no sea adecuado, su uso está indicado para casos imprevistos y situaciones excepcionales y, en todos los casos, vinculados al ejercicio del cargo.

La sorpresa surge cuando se detallan los gastos en que habría incurrido el ex Presidente de ANCAP y actual Vicepresidente de la República, Raúl Sendic, durante su gestión al frente de esa empresa pública.

No tenemos dudas de que hay que investigar los gastos de todas las tarjetas corporativas a efectos de determinar si ha habido una desnaturalización de su uso en alguno de los casos. En tal sentido hemos presentado la correspondiente ampliación de denuncia en la sede judicial que está investigando las irregularidades en la gestión de ANCAP, señalando que se investiguen los gastos de las tarjetas de todos los Directores.

Pero tampoco tenemos dudas de que la información publicada sobre los gastos concretos y su magnitud en el caso del actual Vicepresidente son especialmente llamativos y se separan por lejos de la información publicada sobre los demás casos.

En efecto, la naturaleza de muchos de esos gastos referidos a compras de ropa de vestir y deportiva en diferentes países del mundo y en nuestro país, compras en Duty Free, compra de algún equipo informático, compra de joyas, compra en una casa de muebles en Montevideo y hasta en supermercados, indica que no resulta creíble que se trate de gastos directamente vinculados al ejercicio del cargo.

Pero, además, el monto de esos gastos es escandaloso. De acuerdo a la información publicada por las periodistas de Radio Carve, Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, como resultado de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública, mostró que el monto de dichas compras supera los cincuenta mil dólares.

Obviamente será la Justicia la que determinará la calificación penal de esta conducta, pero resulta imposible imaginar que ANCAP haya requerido de que su presidente realice buena parte de los gastos mencionados y menos aún que el monto total de tales erogaciones alcance la enorme suma señalada.

Y no ingresamos en el caso del avión de ALUR que también incluye, a estar por las informaciones publicadas, el uso con fines privados de un bien público.

Otra vez, igual que en cada uno de los casos en que el Vicepresidente aparece en el centro de un escándalo, ya han salido las voces que pretenden hacer creer a la opinión pública que se trata de una campaña de persecución contra el Vicepresidente orquestada por los medios de comunicación y la derecha o, más ampliamente, la oposición.

Quienes así reaccionan le hacen un muy flaco favor a su gobierno y su partido. Es la misma gestión del Vicepresidente la que constituye una campaña en su propia contra, lo único que ha hecho la prensa es ponerla de manifiesto ante la opinión pública.

De nada sirve que, otra vez, como en el caso del título inexistente, se diga que se trata de una campaña orquestada en contra de esa figura. Es más, sirve para que el descrédito se extienda a quienes se abroquelan en la defensa de lo indefendible.

Peor aún, el riesgo institucional es que el referido descrédito alcance, injustamente, al conjunto del sistema político y los partidos.

Justamente, ese es el problema más grave que está en juego en este caso. El evidente riesgo de que el sistema político baje los estándares de tolerancia ante conductas indebidas en la gestión y administración de los bienes públicos.

Y que conste que no incluimos en esta reflexión que, justamente, el partido de gobierno se ha embarcado en la insólita defensa de la derogación de un delito que refiere a este tipo de situaciones indebidas.

En este caso, como en otros, será la Justicia la que tendrá la última palabra. Pero, la definición de Transparencia Internacional sobre corrupción golpea sin atenuantes sobre estas conductas.