Por Hebert Gatto

Cuando en 1976 en ocasión del lamentable rapto de Elena Quintero, Venezuela sufrió la violación de su embajada, dio muestras de su fraternidad hacia nuestro pueblo y de su apego a nuestras instituciones rompiendo relaciones con la dictadura uruguaya. Invirtiendo la historia, es hoy Venezuela la que vive el quiebre del orden constitucional, sin que Uruguay reaccione con la misma dignidad con que entonces lo hizo el país hermano.

Como es notorio, desde hace meses, mediante un proceder autocrático el presidente Nicolás Maduro se rehusa a reconocer el resultado de las elecciones parlamentarias ignorando descaradamente la voluntad de su pueblo. Sin embargo Uruguay evita tomar las medidas diplomáticas que el orden interamericano le impone. En una actitud que constituye una traba al funcionamiento del sistema de defensa de la democracia hemisférica y dilatoria ante el creciente sufrimiento del pueblo venezolano.

La confusa posición de nuestro gobierno parte, desde los inicios, de un supuesto manifiestamente falso. El yerro emerge de las reiteradas manifestaciones, tanto del canciller como del Presidente Tabaré Vázquez que las avala. Según estas Venezuela vive una pugna entre dos fracciones equivalentes: la acaudillada por el ejecutivo y la que sigue al parlamento; una pretende gobernar mediante la Asamblea Nacional Constituyente y la otra a través de los representantes electos. Ante esto es necesario que ambos grupos se encuentren, dialoguen y busquen acuerdos, la tarea de nuestro país es procurarlos, para ello está incluso, dispuesto a mediar. Aplicar la imparcialidad del mediador entre dos entidades enfrentadas pero con iguales derechos.

Pues bien, este punto de partida es redondamente erroneo y ha tenido la consecuencia que nuestro gobierno se aleje cada vez más de lo que sucede. La realidad es que en Venezuela gobierna un presidente que desconoce olimpicamente a un parlamento democráticamente electo, apelando para lograrlo a un seudo Tribunal bajo sus órdenes, al que designó ilegalmente, mediante el legislativo saliente. No contento con ello, en medio de un clima de total represión, con más de cien muertos y una crisis económica y social sin precedentes, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar previamente al pueblo respecto a la pertinencia de la misma.

Mediante un llamado, entiéndase bien, que no fue para plebiscitar un proyecto ya estructurado sino para designar constituyentes, un procedimiento que, como es obvio, requiere la previa voluntad popular de reformar. Así lo dispone con claridad el art. 348 de la Constitución de Venezuela, al establecer que “el pueblo es el depositario del poder constituyente originario”. Él es quien, en ejercicio de su competencia original, opta o no, por reformar la carta. Tanto  que para la siguiente etapa, la de elegir constituyentes (si así lo decidiere), ya no interviene el soberano, sino un extraño órgano compuesto, que obviamente no es el pueblo del art. 348. Esto con independencia de la iniciativa para convocar. Ante este obvio panorama Uruguay sólo debe cumplir la normativa interamericana vigente así como ajustarse a principios elementales de derecho que no puede seguir ignorando. Si no lo hace, si continua titubeando, violará una tradición que no es ni del gobierno ni de ningún partido, pertenece al país en su conjunto.