“No es transparente un Estado que no es capaz de generar efectos sobre los actos irregulares”.

Estamos mal acostumbrados. Nos sentimos mejores en materia de corrupción y opacidad con respecto a otros países de la región, y es verdad. Sin embargo, estar mejor que Argentina o Brasil no es ningún mérito especial, ser de los mejores en América Latina tampoco es un gran mérito.

En efecto, nuestro sistema político registra niveles mucho más bajos de corrupción que los que se observan en otros países, pero no es para quedarnos contentos porque, entre otras cosas, las reglas de juego que tenemos para controlar la gestión pública son muy flojas y débiles. Esto no quiere decir necesariamente que si tuviéramos normas más exigentes se detectaría un mayor grado de corrupción, pero indudablemente no podemos estar tranquilos si las reglas no son rigurosas.

Este es uno de los principales desafíos que debemos responder desde el sistema político. Dejar de hacernos "trampas al solitario" y aprobar nuevas reglas de juego mucho más exigentes y estrictas para sentirnos más seguros sobre la gestión de los recursos públicos en nuestro país.

Las dos instituciones encargadas de controlar la gestión pública son el Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Etica Pública (JUTEP). Ambas instituciones son, notoriamente, débiles en su capacidad de controlar más allá de la voluntad de sus jerarcas. Todo lo contrario, tanto las autoridades del Tribunal de Cuentas como de la JUTEP reclaman un marco normativo que faculte a ambos organismos a actuar y ser obedecidos con mayor contundencia.

Es conocida la situación del Tribunal de Cuentas que cumple con profesionalidad y rigurosidad técnica su función de auditar y controlar las decisiones de la Administración, expidiéndose de manera continua sobre las diferentes y numerosas decisiones de las distintas reparticiones públicas. El Tribunal de Cuentas expresa decenas de miles de observaciones al año sobre diferentes actos administrativos del Estado, tanto a nivel nacional como departamental y tanto en la Administración Central como en los entes autónomos.

Sin embargo, sus observaciones carecen de efectos prácticos. El Tribunal observa y el administrador reitera el gasto sin ningún tipo de problema. Y esto ocurre tanto para actos de menor significación como para licitaciones millonarias en dólares. El ejemplo de lo ocurrido en ANCAP es apenas una diminuta muestra de lo que ocurre todos los días a lo largo y ancho del Estado.

No es transparente un Estado que no es capaz de generar efectos sobre los actos irregulares. No es serio que las observaciones sobre ilegalidades o decisiones contrarias a derecho no tengan ningún efecto más que quedar consignadas a nivel burocrático.

Es imprescindible, de una vez por todas, modificar las normas que regulan al Tribunal de Cuentas para que, al menos, las observaciones de entidad sobre gastos relevantes tengan un efecto suspensivo para que el Administrador esté obligado a modificar su decisión y ajustarla a derecho.

Algo parecido se puede decir sobre la JUTEP. Su presidente ha dicho con contundencia que el marco normativo de su actuación y, en este caso además, su dotación de recursos humanos le impiden jugar el papel de control de la transparencia y la ética pública que, en la mayor parte de los países, cumple este tipo de organismos.

En efecto, en nuestro país la JUTEP hasta ahora ha jugado un papel muy reducido. Restringido a la recolección de declaraciones juradas de los jerarcas públicos y su correspondiente archivo.

La JUTEP debería tener la potestad de controlar la evolución del patrimonio de los jerarcas y eventualmente ante el registro de modificaciones sorprendentes o difíciles de explicar, iniciar las correspondientes investigaciones. Debería, además, tener un papel mucho más activo en el control de la gestión pública con mayor coordinación y apoyo a la Justicia Penal.

Las declaraciones juradas de los legisladores, ministros, directores de empresas públicas e intendentes deberían ser públicas, tal como son las del presidente y vicepresidente. En ese sentido hemos presentado un proyecto de ley al respecto

En definitiva, tenemos que fortalecer los instrumentos de control para evitar los riesgos de corrupción y detectar los casos en que ello ha ocurrido. Los ejemplos de lo ocurrido en la gestión de ANCAP, ASSE, FONDES y otros ámbitos del Estado ponen en evidencia que generalmente se actúa sobre lo ocurrido porque los mecanismos de prevención fallan, no existen o son débiles y sus señales no son registradas. Esto no es sólo de ahora, en el pasado también se registraron este tipo de problemas a lo largo y ancho del funcionamiento estatal, recordemos en los noventa los casos del Banco de Seguros del Estado o de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Se necesita urgentemente un shock de transparencia. Las luces amarillas hace tiempo que están encendidas. Veremos si el gobierno tiene voluntad de avanzar en estos aspectos tan cruciales para nuestro país.