SUPREMA CORTE Y DERECHOS HUMANOS

 

escribe: Hebert Gatto

 

El comunicado de la Institución Nacional de Derechos Humanos no

admite resquicios ni matizaciones. El reciente fallo de la Suprema Corte al

declarar inconstitucional los arts. 2 y 3 de la ley 18831 y por ende prescriptible

los delitos incluidos en el terrorismo de estado, consolida la impunidad en la

región.

La posición de esta Institución, que acusa a nuestro máximo Tribunal

Judicial de lenidad en la materia ejemplifica una tendencia política, social y

cultural dominante en el país. Una corriente que al oponerse a la dictadura,

aunque no siempre lo hiciera del modo apropiado y en los mejores momentos,

propició su llegada y luego sufrió los efectos de su brutal represión De acuerdo

a su visión, en gran medida elaborada desde su posterior éxito electoral, el

mejor medio para reestablecer la justicia consolidando su hegemonía política

consiste en amplificar el uso del derecho penal que llevado por esta

compulsión punitiva abandona su razón de ser esencial: la de un conjunto

normativo diseñado para limitar, instucionalizándolo, el terrible poder represivo

del Estado frente al delincuente. Así, quizás sin advertirlo, impulsar su

utilización significó abandonar gradualmente garantías y principios

(prescripción, retroactividad, legalidad, tonalidad nacional,constitución,

soberanía, etc.), adoptando las pautas represivas de sus antiguos verdugos.

Omitió así que el imputado, aún en el peor de las hipótesis, por caso, un

violador estatal de los derechos humanos, jamás deja de constituir un ser

humano y que la calidad de una democracia se evalúa por el trato que

dispensa, no a sus amigos sino a sus enemigos. Todo lo cual es congruente

con la notoria lejanía por parte de este grupo, incluyendo sus intelectuales, del

derecho penal liberal.

La sentencia de la Corte se aparta de esta concepción neopunitivista,

aunque la admite en su discordia. Por mayoría declara la inconstitucionalidad

de los arts. 2 y 3 de la ley l8.831, en tanto estos, al establecer la

imprescriptibilidad de los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de

estado (característica inexistente en el momento de su comisión) violan el

básico principio de irrectroactividad de la ley penal. Las conductas incriminadas

no constituían delitos de “lesa humanidad” cuando fueron cumplidas, aunque

posteriormente tales delitos fueran incorporados legalmente a nuestro derecho.

Por su lado para la minoría de la corte las conductas a exámen ya constituían

al momento de su comisión delitos de lesa humanidad dado que así lo

establecía la costumbre internacional (jus cogens), válida en nuestro orden

jurídico –se alega- en virtud de los mecanismos de los arts. 72 y 332 de la

Constitución. Pero ello, aún admitiendo que los delitos de lesa nación fueran

reconocidos (y repudiados) en el mundo en las décadas del setenta y ochenta

-¿acaso ocurría en Rusia, Viet-Nam, China o Camboya?- si bien eludiría la

objección de la retroactividad de la ley, viola directa y groseramente el

fundamental principio penal de legalidad, que reequiere que cualquier delito

debe ser antecedido por una ley previa, cierta –exhaustiva y no vaga o

general-, estricta –no analógica- publicada, escrita y no consuetudinaria.

Características que para nada reúne la vagorosa costumbre internacional.

Entonces, ¿quién protege los derechos humanos, la INDDHH, bregando por

castigos, o la Corte reafirmando garantías y derechos penales ancestrales?