Por: Javier Lasida

 

El conflicto por las pasividades de los cincuentones mostró dos maneras de ver las políticas

públicas. Una buscó soluciones al problema, procurando combinarlas con el interés general y

con los objetivos de equidad propios de las visiones de izquierda. El otro enfoque centró el

problema en las AFAPs, las responsabiliza de éste y otros males y procura debilitarlas con el

propósito manifiesto de, más adelante, poder eliminarlas. En esta segunda posición termina

importando más el monopolio estatal de la política que sus objetivos y resultados. Al final de

cuentas es una posición más estatista que de izquierda. Quienes la sostienen no van aceptar

este análisis, justamente porque entienden que no hay contradicción. Desde su punto de vista

la única forma de ser de izquierda es ser estatista.

Esta tensión estalla en un conflicto en el área de seguridad social. Interesa observar que la

educación es la política pública donde la visión estatista es más fuerte en términos del

discurso, de las decisiones y de la propia implementación de la política. En grades trazos ello se

evidencia en la cobertura, de más del 80% estatal, pero tal vez más que en ello, en que el

mismo organismo de gobierno, la Administración Nacional de Educación Pública, gestiona sus

instituciones, se evalúa (o debería) a si misma y controla a los privados. Es establemente,

desde hace décadas, una política casi monopólica del estado y también en el largo plazo, en

una perspectiva de los últimos cincuenta años, es la que menos ha cambiado y la que peores

resultados muestra entre las políticas públicas.

Para las visiones estatistas, como pasa en el conflicto de los cincuentones, los datos son menos

relevantes que la bondad o conveniencia intrínseca del monopolio estatal. Una expresión de

ello en el sector social y educativo fue la decisión tomada al principio de este gobierno

respecto a la educación inicial, en el marco del sistema de cuidados, la política social planteada

como prioritaria en el período. Fue un muy buen objetivo ampliar la oferta y la cobertura de

los niños de tres años. Lo estaba haciendo mayoritariamente el INAU con los CAIF (que tienen

el pecado original de ser privados). La ANEP y Primaria reclamaron esa prestación y el

gobierno resolvió que cuando pueda Primaria será ella quien la brinde. Fíjense la similitud con

los cincuentones, lo que importa no es la decisión del beneficiario (sea el cincuentón o la

familia del niño de tres años), porque se parte del supuesto, en este caso que una escuela

primaria es por definición mejor que un CAIF. No importa que los CAIF tengan rigurosas

evaluaciones externas, la última realizada por Equipos Consultores, que muestran muy buenos

resultados. De las escuelas de Primaria no tenemos evaluaciones, probablemente por lo

mismo, son buenas por ser tales. Y los padres que prefieren un CAIF, porque valoran su

estructura menos “escolar” más adecuada a las necesidades de sus hijos, pues… están

equivocados, Primaria sabe mejor que ellos lo que necesitan. Debe consignarse que en la

elaboración del Programa del Frente Amplio para el 2015 hubo una discusión parecida a la que

hay hoy sobre seguridad social. En educación, una vez más ganó el monopolio corporativista

de ANEP. Por el contrario en seguridad social con los cincuentones –como ha ocurrido con

otras políticas públicas-, es muy probable que logren una solución negociada.

Se debe reconocer que el estatismo no es una visión exclusiva del Frente Amplio. Entre la

mayoría de los uruguayos predomina la idea que la forma de ser solidarios y justos es teniendo

un estado grande y hemos logrado tener un estado enorme. Sin embargo la idea parece no

funcionar: hoy la estatista educación que tenemos aumenta la desigualdad que existe en la

sociedad. En la columna anterior procuré argumentar que el desafío enorme que tiene la

educación uruguaya de contribuir a la justicia de nuestra sociedad, no se resuelve en términos

de educación pública contra privatización.

 

En las políticas educativas y en las sociales deberíamos mirar uno de los más importantes

logros recientes del país y del gobierno frentista, que es el cambio de la matriz energética. Se

logró producir energía más barata y ecológicamente más sustentable. La cuestión allí no fue

quien la produce. El papel del estado fuerte y eficaz fue orientar, regular y garantizar reglas de

juego. No importa de quien son los molinos, los hay estatales y privados, pero esa no es la

cuestión. Lo importante es la calidad y el precio de la energía y que de ello nos beneficiemos

todos. El estado, en tanto prestador de servicios no somos todos, debe estar sí al servicio de

todos. Cuando quiere hacerlo todo no logra ser eficaz en ninguna de sus funciones, como pasa

en la educación.