SIGUEN PENSANDO QUE SOMOS LOS NABOS DE SIEMPRE

 

Pablo Mieres

En mayo de 2016 ASSE convocó a un concurso para contratar profesionales para el servicio

odontológico, ocho meses después, en los primeros días de enero de 2017, convocó a todos

los que se habían presentado para que se notificaran sobre el resultado del concurso y el

orden de puntaje.

Un año después, los profesionales que se habían presentado reciben una notificación de ASSE

indicando que entre el 29 de diciembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 debían presentarse en

ASSE por una comunicación vinculada al concurso de mayo de 2016. ¿Cuál era el contenido de

esa comunicación? ¡¡¡Que se dejaba sin efecto el concurso de un año y medio atrás!!!!

Es difícil encontrar un ejemplo mayor de falta de respeto por los ciudadanos junto con una

demostración completa de incapacidad y burocratización.

No termina allí la cosa, con el comienzo de año ANTEL estableció en forma unilateral una

modificación del contrato de celulares alterando el cómputo de los tiempos de comunicación

telefónica y del manejo de datos por Internet, unificando las cuentas que hasta el 31 de

diciembre de 2017 se computaban por separado. Nadie sabe todavía en qué se traducirá esto,

pero la empresa estatal actuó de forma unilateral e ilegal al modificar un contrato sin contar

con el consentimiento y acuerdo de sus clientes.

Horas después, y ante el escándalo desatado en las redes sociales, anunció que los que querían

podían manifestar su voluntad de mantener el contrato anterior. Otra vez violando las normas

contractuales e invirtiendo la obligación; ¡el que quiere mantener su situación contractual

tiene que hacer un trámite especial! El mundo del revés.

Unas horas después nos enteramos, además, de que detrás de un supuesto aumento en línea

con la inflación de un 6.5% de parte de ANTEL, se escondía otro por casi el doble en el servicio

de Internet a los hogares que, a partir del 1º de enero de este año, aumentará el 12%.

Unas semanas antes, el MSP resolvió de manera unilateral que este año no habría apertura del

corralito mutual. Es decir que se eliminaba para 2018 la posibilidad de que los ciudadanos, de

manera limitada pero al menos una vez al año, pudieran elegir en qué mutualista atenderse.

Nada. Todos presos en su respectiva mutualista. La excusa, muy difícil de sostener, es que

como algunos cometen actos delictivos pagando por el cambio de mutualistas, entonces

conculcamos la libertad de elegir a todos. El que quiere cambiar tiene que probar, mediante

declaración jurada, que ha sufrido algún tipo de mala atención médica o se ha mudado a otra

dirección lo que afecta su accesibilidad.

Las autoridades creen, ahora y antes también, que son dueñas de la voluntad de los

ciudadanos. Creen que la gente está a su servicio y no que están al servicio de la gente.

El escándalo del incumplimiento reiterado de la sentencia judicial para pagar el aumento a los

funcionarios judiciales es otro ejemplo de la falta de respeto de la Administración con respecto

a la institucionalidad normativa y a las libertades ciudadanas.

 

El ciudadano, titular teórico de derechos y libertades, es sometido a un trato abusivo por

diferentes actores de la Administración Pública que imponen sus decisiones y limitan y afectan

sus derechos de manera constante.

Por eso es muy importante, aunque haya pasado desapercibida en el final del año, la sentencia

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo estableciendo, con respecto al derecho de una

empresa a brindar servicios de internet, que las sentencias de ese Tribunal deben cumplirse y

que la Administración no puede desacatar los fallos de la justicia administrativa.

Por eso es, también, muy importante que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre

actos relevantes desde el punto de vísta patrimonial, adquieran carácter suspensivo, para

evitar el abuso de la Administración de reiterar el gasto sin otro fundamento que su propia

arbitrariedad.

Por eso el Parlamento no puede aprobar normas brutalmente inconstitucionales como el

reciente artículo 15 de la Rendición de Cuentas que pretende consagrar la potestad de

incumplir las sentencias por parte de la Administración.

Por eso la ley de derechos del consumidor debe ser cumplida sin limitaciones.

Los derechos de los ciudadanos, en tanto consumidores y receptores de servicios por parte del

Estado, deben ser respetados y tutelados en posición de igualdad, esta es otra forma en que se

debe medir la esencia del Estado de Derecho y el funcionamiento de la democracia.

Mientras tanto, como decía con particular agudeza Tomás Linn, el Estado nos trata como si

fuéramos “los nabos de siempre”.