Rodolfo M. Irigoyen

Enero de 2018 

 

En pleno furor de los “autoconvocados”, el ex Ministro de Ganadería y actual Senador (primer suplente de José Mujica), Andrés Berterreche,  publicó un artículo (“Ta raro, ¿nó?” La diaria, 13/1/18) sobre dicho movimiento, donde, entre otros aspectos, pone énfasis en el hecho de que en la plataforma de reclamos, no figura la baja “del costo de la renta de la tierra”, “el mayor de todos los costos”, ese “impuesto ciego y privado”.

 

Como en el número de diciembre de El País Agropecuario publiqué “El tema de la renta de la tierra” donde sostengo una posición que está en las antípodas de la de Berterreche, considero pertinente volver sobre el tema. 

 

Lo primero y fundamental a destacar, es que los costos que se mencionan en dicha plataforma, son los varios que determina el Estado, como los derivados de las tarifas y precios de energía y combustibles, los impuestos, los ajustes a los salarios, los costos de transacción adicionales implícitos en la inexistencia del ferrocarril y las carreteras destrozadas, en la madeja burocrática a desenredar para cualquier trámite, y un largo etcétera. Capítulo aparte, la pérdida de competitividad derivada de la política cambiaria. Al respecto, nada más ilustrativo que consultar la evolución de la competitividad del país frente al resto del mundo, que calcula y publica el Banco Central.

 

Pero el costo de las rentas lo fija el mercado. Y resulta que, según Berterreche, estas no han disminuido con la magnitud esperable en un escenario de crisis, como el que denuncian los productores. Denuncias que se fundarían, cuando no, en intereses político-electorales de la oposición. Pero los datos del propio MGAP/DIEA muestran lo contrario: no solo disminuyó el valor promedio de las rentas, sino que también lo hizo la superficie arrendada. 

 

La superficie total que se explota bajo arrendamiento, según los últimos datos censales disponibles (2011) es de 4 millones 305 mil hectáreas, mientras que la que se explota en propiedad alcanza los 10 millones 483 mil hectáreas, sobre un total de 16 millones 357 mil hectáreas. Lo anterior arroja porcentajes de 26,3 y 64,1% respectivamente para arrendamiento y propiedad. El 9,6% residual lo explica la suma de formas menores de tenencia (aparcerías, pastoreo, ocupantes etcétera).

 

Los últimos datos disponibles muestran que, entre el 2014 y 2016, la nueva superficie arrendada pasó de 888 mil hectáreas en el primer año, a 653 mil hectáreas en el segundo, lo que representa una caída del  26%. Mientras que el valor promedio -que engloba rentas muy diferentes como ganaderas, agrícolas, lecheras, forestales-  pasó en el mismo período de 174 a 113 US$/Há, o sea se redujo en un 35%. El 2017 no habría presentado grandes cambios, según las cifras disponibles: en el primer semestre, respecto a igual período del año anterior, la nueva superficie disminuyó un 6% mientras el precio promedio aumentó un 2%. 

 

Cabe mencionar que una práctica que se ha ido extendiendo, es la fijación de la renta en producto por hectárea, según la aptitud o el destino productivo del campo: Kilos de carne o de soja, litros de leche o bolsas de arroz, valorados a los precios del momento, con lo que arrendador y arrendatario “van en el mismo barco”. Esto mejora la equidad y la viabilidad financiera del negocio, al determinar un ajuste automático del valor monetario de la renta en función de la variable clave para definir, para el arrendatario la rentabilidad del negocio, y para el arrendador, el potencial económico de su campo. 

 

Por último veamos qué pasó con el total bajo producción de los principales rubros agrícolas, donde los arrendamientos tienen mayor importancia, alcanzando aproximadamente a la mitad de lo cultivado. En los últimos 5 años la superficie de soja se redujo en unas 300 mil hectáreas (1,4 a 1,1 millones de há), la de trigo casi en dos terceras partes (de 550 a 200 mil hectáreas) y la de arroz en un cuarto (de 200 a 150 mil hectáreas). Setecientas mil hectáreas menos reuniendo los 3 cultivos, a lo que se deben sumar los campos que abandonan la lechería, donde se liquidan por lo menos 3 tambos por semana. Superficies obligadas a ir a formas de producción menos intensivas, de menores costos, como la ganadería, apoyando el sostenimiento, e incluso el leve repunte de la producción de carne. 

 

En conclusión, el argumento de que “el problema son las rentas” es insostenible. La superficie bajo arrendamiento explica un porcentaje relativamente menor del total bajo producción, y los nuevos arrendamientos, en los últimos años vienen además disminuyendo tanto en superficie como en valor unitario. Por otra parte, las superficies totales bajo cultivo también disminuyen.

 

Pero Berterreche no se equivoca solo en esto, aunque es lo esencial. Los problemas no los ven los gobernantes que manejan, más mal que bien, indicadores aislados. Lo ve el que pasa raya, y ese solo es el productor. Y ese número final, para algunos solo puede ser el resultado de una inversión, pero para la mayoría es cosa de vida o muerte. Por eso se protesta.

 

Quedan muchos aspectos sin tratar. Queda el preocupante tema del endeudamiento -con bancos y proveedores- en niveles “pre crisis”. Queda el análisis de la inflexibilidad a la baja de las rentas, en particular en la agricultura de secano y en el arroz, por aspectos inerciales de la estructura productiva de las empresas, que lleva a asumir niveles de riesgo no recomendables en un clima errático como el nuestro. O a liquidar y emigrar al Paraguay, como están haciendo los arroceros del norte.

 

Pero sobre todo queda sin tratar un asunto central: “el dato” económico que realmente muestra el estado del negocio, es el del ingreso neto luego del pago de la renta. Aunque sea un productor propietario, debe diferenciarlo, de lo contrario puede creer que le está yendo bien en el negocio, cuando en realidad le está yendo mal, pero le cierran las cuentas porque no paga renta. Y de esa forma “se come” el retorno económico de un ahorro pasado, hecho en ese o en otro negocio, por él mismo o sus predecesores. 

 

Y otro tema no menos central: cuando se cuestiona la existencia o el monto de las rentas, se está considerando a la tierra como un “bien libre”, injustamente apropiado por cierta clase social, como ocurría hace 200 o 300 años, y que criticaban Ricardo y Marx en la primera mitad del sXIX. Pero que sea “libre” o “económico” es independiente de su importancia o condición de esencial. El aire o la luz solar son tanto o más esenciales que la tierra en la producción de alimentos, sin embargo son de libre acceso. Pero con el desarrollo histórico del capitalismo, la tierra se transformó en un bien económico, con un mercado, con precios que derivan de su oferta y su demanda, tanto para su compra-venta como para su alquiler. Pero serían temas para otro artículo.

 

Lo demás de la nota que nos ocupa sale sobrando. Los estereotipos personales, inevitables en un colectivo de 40 mil productores inmerso en las redes sociales; el disimulo respecto a que las mayores críticas a la conducción política del agro vienen del interior del gobierno y del propio MGAP, y son por lo general originadas por el sector político del propio autor de la nota. A título de ejemplo, los interminables conflictos por la aprobación de eventos transgénicos, por la ley de riego, por los impuestos a la tierra, por el TLC con Chile etcétera.

 

Y sobre todo, sale sobrando la ironía respecto a los salarios rurales, el guiño cómplice al lector urbano que en general desconoce la realidad del campo. Que un visitante frecuente y confeso admirador del modelo cubano, sugiera que deberían dar vergüenza los salarios de los trabajadores rurales uruguayos, que en promedio ganan por día cuatro veces lo que gana por mes un trabajador rural cubano, solo  sirve para fogonear la división de la ciudad con el campo, que es la mayor condena al desarrollo socioeconómico de nuestro país.

 

Escrito el 15 de Enero de 2018.