Diciembre de 2017

 

Años atrás, el tema de la renta de la tierra era notoriamente más frecuentado en las discusiones sobre la economía agraria, en particular en las referidas al “estancamiento agropecuario”. Me refiero a la renta como componente del ingreso global de las empresas agropecuarias, que remuneraba la propiedad de la tierra y que normalmente se confundía como parte de la ganancia empresarial, cuando el empresario era también  el propietario de la tierra que explotaba. Del otro lado, el arrendatario ganadero, agrícola o arrocero la tenía muy clara: era la parte de su ingreso total que tenía que pagar por el uso de un recurso ajeno.

 

Es que el último cuarto de siglo (1990/2014) presentó un dinamismo agropecuario que, a pesar de los naturales altibajos, generó un crecimiento económico que fue relegando al pasado a los polémicas “interpretaciones del estancamiento”, en las que el concepto de “rentista” siempre era candidato a cargar con parte o la totalidad de la culpa por la falta de crecimiento de la economía.

 

Pero en los últimos tres o cuatro años, los agronegocios sufrieron una importante caída en su rentabilidad, como consecuencia de una baja de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, que en algún rubro alcanzó al 50%, pero que en promedio se ubicó en el entorno del 20 al 30% del nivel del quinquenio previo. 

 

Pero nuestra estructura de costos no se ajustó en consecuencia. Salvo algún insumo importado que se abarató, la inflación en dólares siguió firme agravando la pérdida de competitividad, los salarios reales siguieron subiendo sin correlato con la productividad, la presión impositiva no dio tregua, las carencias en infraestructura no menguaron y las tarifas del Estado encabezadas por el precio del estratégico gasoil siguieron en niveles récord a pesar del derrumbe internacional del petróleo y el gran aumento del uso de fuentes de energía renovables.

 

Planteadas así las cosas, con importantes rubros en números rojos (lechería, arroz, cereales de invierno) la quiebra de empresas y el significativo aumento del endeudamiento sectorial, los reclamos de la oposición y de las gremiales rurales, encontraron en sectores del gobierno respuestas que en general no trascendieron el plano de lo retórico. Y así fue como reapareció en el discurso oficial, el casi olvidado “problema de la renta”. 

 

El “problema de la renta”

 

Para la economía convencional -la que se maneja en el mundo real- “el problema” conceptualmente no existe. Para el propietario, la renta del campo que da en alquiler para que otro lo explote, representa el interés actualizado del capital con que lo compró más las mejoras que le haya incorporado. Y en ese sentido no importa si la tierra la compró él, si la heredó o la sacó a la lotería, porque en este país felizmente se reconoce y respeta la propiedad privada y existe una ley de herencia que, con determinadas obligaciones impositivas, permite que los bienes se transmitan de una generación a la siguiente, o como lo desee –con ciertas restricciones de índole familiar- quien lega dichos bienes.

 

Y para el productor arrendatario, la renta es un costo por el uso de un bien de producción ajeno. En general se refiere a la tierra, pero también puede ser por el agua (para muchos arroceros), o por la explotación de recursos minerales. Los plazos de uso son variables en función de la longitud de los ciclos productivos a los que esté destinada la tierra, desde meses o un año en cultivos anuales  a por lo menos tres años en  la lechería y la ganadería de carne y lana. Últimamente tuvo algún desarrollo la renta de campos para forestación, tomados por las empresas productoras de celulosa, con plazos de hasta 20 años. Hasta acá, todo parece estar claro.

 

 

Pero existe otra interpretación, que habla del “problema de la renta de la tierra” porque la considera un obstáculo al desarrollo. Para ubicarnos mejor, hagamos un poco de historia. Además de la economía convencional, también llamada marginalista o neoclásica, existe un cuerpo teórico desarrollado en la primera mitad del siglo XIX por los economistas clásicos, en particular David Ricardo y al que diera forma final Carlos Marx. Este cuerpo teórico, autodenominado “Teoría objetiva del valor” se desarrolló como una dura crítica al funcionamiento del capitalismo, que se encontraba en pleno desarrollo, y cuyo funcionamiento se rige por las premisas de la teoría neoclásica.

 

Esta última, con el correr de los años desarrollaría diferentes orientaciones como el liberalismo o el keynesianismo, con distintas visiones sobre el nivel de intervención del Estado en la economía, pero sin renegar de la estructura conceptual neoclásica.

 

En los países europeos cuyas economías analizaban los clásicos de fines del sXVIII y principios del XIX, la propiedad de la tierra era monopolizada por la aristocracia y el clero, a los que los campesinos pagaban renta por el uso de la tierra. Marx, continuando con el pensamiento de Ricardo, distingue 3 tipos de renta, a partir de la diferenciación entre bienes de producción producidos y los no producidos o naturales: a) la renta absoluta, derivada del monopolio de la tierra, b) la renta diferencial tipo 1 producto de las diferentes productividades naturales de los distintos tipos de tierra y c) la renta diferencial tipo 2 por diferentes productividades derivadas de las inversiones productivas realizadas, que denomina “ganancia extraordinaria”

 

En este último caso, el “plus” obtenido, no se considera renta (producida por la naturaleza) sino que es parte de la ganancia del productor porque deriva de sus inversiones, de la que se puede apropiar él o eventualmente el Estado en forma de impuestos. Cuando el productor es simultáneamente el terrateniente, esa RD2 forma parte de la masa total de plusvalía que el terrateniente incorpora a su capital.

 

Para los economistas clásicos, la aristocracia y el clero, “clases sociales ociosas” constituían un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto de generación de riqueza, dada la estructura social que les permitía monopolizar la tierra, monopolio que generaba un aumento de los costos de producción sin vínculo con la productividad, que limitaban dicho desarrollo. 

Por lo tanto consideraban a la renta como negativa para la sociedad, y la propiedad privada de la tierra era condición necesaria para su existencia.

 

Por consiguiente, el desarrollo de las fuerzas productivas solo podría alcanzarse con un cambio radical de la estructura social, que no permitiera la formación de dicho monopolio. Porque cuando el factor productivo no era monopolizable, como el viento que empujaba a las naves y hacía girar molinos, la posibilidad de apropiarse de una renta desaparecía, y con ella el obstáculo al desarrollo de esas actividades.

 

Y la versión uruguaya del “problema”

 

Para la visión marxista, y para el Uruguay del sXX, la traba al “desarrollo de las fuerzas productivas” la constituía la figura del “latifundista ocioso” usufructuario de la propiedad de un “bien natural” como lo es la tierra. La Reforma Agraria se constituía en condición imprescindible para el desarrollo nacional, y para instrumentarla debidamente,  había que levantar la mira y apuntar a la superestructura institucional del país.

 

Claro que también existieron propuestas menos radicales, que respetando la existencia del capitalismo, proponían límites a las superficies que se podía tener en propiedad y modificaciones a las formas de tenencia de la tierra, propendiendo al desarrollo de predios sin “problemas de tamaño y tenencia”, acorde a la visión estructuralista desarrollada por la Cepal (Comisión Económica para América Latina) de Naciones Unidas.

 

Ahora bien, la posibilidad de monopolizar la propiedad de la tierra, que según la visión marxista constituía el germen del estancamiento productivo del sector agropecuario, exige como condición previa el respeto de las leyes que legitiman la propiedad privada, en particular la de la tierra. Por lo tanto, esa legislación era (y para algunos sectores parece seguir siendo) el primer obstáculo a remover. 

 

Y la instrumentación de esa remoción  podía recorrer uno de estos caminos: la expropiación lisa y llana (dada su condición de “bien social”) o, respetando la propiedad privada, limitar drásticamente la concentración de la tierra por medio de una rigurosa política impositiva. En cambio en la visión estructuralista, el respeto por la propiedad privada estaba fuera de discusión, manejándose diferentes estrategias impositivas para combatir la dualidad “latifundio/minifundio”. 

 

Volviendo al presente

 

Como decíamos al inicio, con los problemas, reaparecen las viejas propuestas de solución, aunque la revolución productiva del agro uruguayo de los últimos 25 años le haya demostrado, a todo el que no se negó a verlo, que las soluciones eran precisamente las contrarias.  

 

Algunos voceros del Partido de Gobierno, en particular el Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Senador y ex Ministro del MGAP, reiteradamente mencionan en sus intervenciones públicas, que los actuales problemas de rentabilidad en el agro, en gran medida se derivan de la obligación de los productores del pago de rentas por el uso de la tierra. En una palabra: es culpa del capitalismo.

 

 Por un mayor desarrollo de este tema, ver en www.rodolfomartinirigoyen.uy / Medio lleno o medio vacío / “El país terrateniente” (Agosto de 2007),  “Desarrollo vs. Estancamiento” (Diciembre de 2010) y “La imposición ideológica” (Febrero de 2012)

 

No fundamentan sus dichos probando que los productores propietarios no enfrentan los mismos problemas. Ni tampoco explicitan que la solución de eliminar o por lo menos reducir las rentas, implica violentar el derecho a la propiedad privada o por lo menos restringirlo drásticamente por la vía impositiva. Aunque los impuestos a la propiedad de la tierra hayan demostrado, durante décadas, ser desestimulantes de las inversiones productivas y por lo tanto del desarrollo sectorial y nacional.

 

Una retórica oficial que, en definitiva, tanto en el diagnóstico como en las soluciones sugeridas, se mantiene ajena a la difícil realidad agropecuaria actual. Si no ocurre algún milagro, como que el clima recupere la benignidad con que en general nos trató durante los últimos dos o tres años, y que además los mercados internacionales nos vuelvan a tirar un salvavidas, continuará la diaria liquidación de empresas, el endeudamiento seguirá creciendo y en el horizonte se delineará cada vez con mayor nitidez otra de las recurrentes crisis que nuestra agropecuaria parecía haber superado.