Ante los trágicos acontecimientos que suceden en la República de Venezuela, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente, desea recordar al pueblo uruguayo las últimas  declaraciones públicas del PI  denunciando atropellos a la Constitución en  dicho país:

  1. El  6 de Setiembre de 2016,  se acusa al régimen de Nicolás Maduro de no reconocer   los poderes de la Asamblea Nacional.
  2. El 22 de Octubre de 2016, se denuncia la suspensión del Referéndum Revocatorio
  3. El 21 de Diciembre de 2016, se condena la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Todos estos comunicados públicos invitaban al gobierno de la República Oriental del Uruguay a asumir una actitud más firme en defensa del pueblo venezolano y contra el autoritarismo y la represión política.

La intención del Presidente Maduro de formar una Asamblea Nacional Constituyente con la mitad de sus representantes provenientes de corporaciones afines al régimen, no hace más que confirmar la naturaleza anti-democrática del régimen venezolano.

A estas iniciativas se suma: la constatación de Fuerzas Armadas reciamente ideologizadas, altos niveles de corrupción, actividad delictiva de fuerzas paramilitares, encarcelamiento y persecución  de líderes políticos, reparto de armas a colectivos civiles oficialistas,  gravísima crisis económica y social, desabastecimiento de la población de bienes esenciales y brutal represión del pueblo que ya ha salido a manifestar su repudio a las calles con un trágico saldo de muertos y heridos. En síntesis, una escalada sistemática de violaciones a los DDHH.-

La reacción del Gobierno del Uruguay que ha sido y sigue siendo tibia y dubitativa,  revela la falta de reflejos democráticos de importantes sectores del Frente Amplio. La posición política asumida por estos sectores junto a la de connotados dirigentes sindicales, es francamente vergonzosa y  raya con la complicidad.

En las circunstancias que actualmente vive el país hermano, declarar que “el problema de Venezuela lo deben solucionar los venezolanos” es una actitud cobarde que no resuelve ni contribuye a resolver nada. En un régimen democrático, el problema entre los asesinos y sus víctimas no se resuelve entre ellos, sino en la Justicia.

Como eso no sucede en Venezuela, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de Uruguay deben accionar todos los mecanismos a su alcance para que los venezolanos recobren las garantías indispensables para vivir en libertad.

 

6 de Mayo de 2017