Nuestro país presenta índices de corrupción más bajos que otros países de la región, sin embargo, es notorio que los mecanismos de contralor de la gestión pública exhiben algunas debilidades y vulnerabilidades importantes que deberían ser rápidamente corregidas.

En particular, resulta visible que los dos organismos especializados encargados del control de la gestión pública, el Tribunal de Cuentas de la República y la Junta de Transparencia y Ética Pública, poseen importantes limitaciones normativas en sus competencias para controlar y, en muchos casos, hacerse obedecer cuando detectan irregularidades.

A su vez, la gestión política y de gobierno ha mostrado en los últimos tiempos la existencia de algunas prácticas reñidas con la transparencia, tales como la existencia de tarjetas corporativas en las empresas públicas y la ausencia de procedimientos competitivos para la selección de los cargos jerárquicos de gestión.

Es por ello que le estamos presentando las siguientes medidas para promover la transparencia y fortalecer los mecanismos de control de la gestión pública: 

  1. Establecer que las observaciones del Tribunal de Cuentas para actos de la Administración referidos a montos elevados y calificados como de “urgente consideración” posean efectos suspensivos, impidiendo que el administrador pueda reiterar el gasto hasta que la Asamblea General o, en su caso, la Junta Departamental respectiva, se expida. 
  2. Fortalecer y ampliar los cometidos de la JUTEP. En este sentido se propone que esta cumpla una función más activa de colaboración con el Ministerio Público en sus tareas de investigación judicial, además se propone que pueda realizar un análisis y auditoría de los contenidos de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y también se propone que la JUTEP realice una sistematización de un Texto Ordenado de las normas referidas a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
  3. Ampliar la obligación de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, alcanzando, no sólo al Presidente y Vicepresidente de la República, sino también a los legisladores, ministros, subsecretarios, directores generales de los Ministerios, Intendentes Departamentales y Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.
  4. Reducir las excepciones previstas al mecanismo de la licitación pública previstas en el artículo 33 del TOCAF para que estas sean efectivamente excepcionales. Se propone cometer al Tribunal de Cuentas el estudio de las excepciones actualmente previstas.
  5. Establecer la obligación de seleccionar a quienes ocupen los cargos gerenciales de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Personas de Derecho Público No Estatal y Empresas Privadas de Propiedad Estatal, así como los cargos de Directores de Hospitales Públicos de ASSE, mediante concurso abierto de oposición y méritos.
  6. Extender la prohibición de los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados para ser candidatos a todo el período de gobierno, para evitar la tentación del uso del cargo para promover una candidatura a cargos electorales.
  7. Prohibir el uso de tarjetas corporativas para Directores y Gerentes de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
  8. Limitar el monto del subsidio que poseen los titulares de ciertos cargos de carácter electivo o de confianza política, estableciendo que la cantidad de meses estará en proporción al tiempo que se ocupó el referido cargo, con el tope de un año.
  9. Promover la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y el Tribunal de Cuentas de la República para que las comisiones legislativas cuenten con asesoramiento técnico específico de parte del Tribunal de Cuentas en el análisis y control de los proyectos de ley y, en particular, del estudio de las propuestas de Presupuesto Nacional y Rendición de Cuentas.

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