El objetivo primordial de esta iniciativa normativa es que las operaciones militares que se realicen en una zona tan sensible como la franja fronteriza, no queden en situación de incertidumbre y que pueda dar lugar a interpretaciones diversas y eventualmente contrapuestas. Sobre todo, ante el riesgo de que esta ambigüedad pueda generar costos humanos.
La iniciativa del Senador Mieres, surge luego que el Poder Ejecutivo encomendara a las Fuerzas Armadas, la realización de tareas de vigilancia de fronteras en apoyo a otros organismos del Estado, con la finalidad de preservar la soberanía del territorio y de sus recursos estratégicos, ya que el Decreto no establece qué tienen que hacer los militares en caso de que en el transcurso de su patrullaje, control o reconocimiento, estos sean objeto de acciones que puedan poner en riesgo su vida o seguridad.
Siendo que la responsabilidad de determinar las reglas de enfrentamiento del instrumento militar es competencia de las autoridades políticas, es necesario dar un marco legal para el accionar del personal militar en estas nuevas tareas que se le están asignando.
 
 
Montevideo, 6 de febrero de 2018
 
Sra. Presidenta de la Cámara de Senadores
Lucía Topolansky
 
De mi mayor consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Senadores, me dirijo a Ud a los efectos de presentar el Proyecto de Ley que se adjunta por el que se establece la regulación de la conducta del personal de las Fuerzas Armadas encargado de custodia de las zonas fronterizas.
Senador Pablo Mieres
 
PROYECTO DE LEY
Artículo único:
“Modifícase el artículo 77 de la Ley 17.243, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 77. – Se presumirá la existencia de la causal de justificación prevista en el artículo 28 del Código Penal “cumplimiento de la ley”, respecto de los actos cumplidos por personal militar asignado a tareas determinadas por el Poder Ejecutivo, tanto sea vigilancia y control de fronteras con la finalidad de preservar la soberanía e independencia del país, como de seguridad externa de establecimientos de detención, recintos militares y lugares sede de organismos del Estado, y cuyo cometimiento se hubiera realizado formalmente. Esta presunción regirá siempre que dichos actos se hubieran ejecutado en ocasión del cumplimiento de las funciones y conforme a las disposiciones vigentes aplicables a dicho personal en materia de seguridad en instalaciones militares.”
Montevideo, 6 de febrero de 2018
Pablo Mieres
Senador
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de enero de este año el Poder Ejecutivo dispuso por vía de decreto encomendar a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia de fronteras en apoyo a otros organismos del Estado, con la finalidad de preservar la soberanía del territorio y de sus recursos estratégicos.
Esta norma fue dictada al amparo de lo determinado por los numerales 1 y 2 del artículo 168 de la Constitución de la República y fundada en los artículos 3, 5 y 18 de la Ley Nº 18.650; de los artículos 32 a 35 del Decreto-Ley Nº 14.157; de los numerales 2 y 3 del artículo 5º del Decreto 574/974 y en lo establecido en el Decreto 105/014.
De acuerdo al mencionado Decreto, dichas tareas de vigilancia se realizarán en zonas de frontera, fuera de centros poblados, y las mismas consistirán en patrullajes, tareas de control con participación preceptiva de las otras dependencias de la Administración con competencia y tareas de reconocimiento con el propósito de obtener información necesaria para la Defensa Nacional.
En caso de que los militares constaten una presunta irregularidad o ilícito, dicho Decreto dispone que esa situación sea comunicada inmediatamente a la autoridad policial u organismo competente.
No obstante lo expuesto, más allá de informar a la autoridad policial, dicho Decreto no establece qué tienen que hacer los militares en caso de que en el transcurso de su patrullaje, control o reconocimiento, estos sean objeto de acciones que puedan poner en riesgo su vida o seguridad.
Siendo que la responsabilidad de determinar las reglas de enfrentamiento del instrumento militar es competencia de las autoridades políticas, es necesario dar un marco legal para el accionar del personal militar en estas nuevas tareas que se le están asignando.
El objetivo primordial de esta iniciativa normativa es que las operaciones militares que se realicen en una zona tan sensible como la franja fronteriza, no queden en situación de incertidumbre y que pueda dar lugar a interpretaciones diversas y eventualmente contrapuestas. Sobre todo, ante el riesgo de que esta ambigüedad pueda generar costos humanos.
Si bien, de acuerdo a lo que establece el Decreto, el personal militar debe dar cuenta a la autoridad policial ante cualquier situación irregular o ilícita, puede ocurrir que en sus patrullajes sean repelidos a tiros o enfrenten otras circunstancias similares en que deban defenderse con su armamento.
En tal sentido, es pertinente mencionar que el artículo 77 de la Ley 17.243 ha sido el marco normativo que protege jurídicamente el accionar del personal militar en actividades similares, tales como la guardia perimetral de las cárceles y otras tareas de seguridad.
Justamente, el objetivo de este proyecto de ley consiste en extender el mismo marco normativo ya existente para otras tareas de patrullaje o guardia del personal militar al ejercicio de estas nuevas responsabilidades.
La modificación legislativa consiste en incorporar en el texto del artículo 77 de la Ley 17.243 que establece la hipótesis de causal de justificación por “cumplimiento de la ley” a aquellas conductas del personal militar que ocurran como consecuencia de ejercer la nueva responsabilidad que se les atribuye en el referido Decreto.
Montevideo, 6 de febrero de 2018
Pablo Mieres
Senador